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Los contratos que desangran a la Municipalidad de Valparaíso

Los contratos que desangran a la Municipalidad de Valparaíso

En el primer Concejo Municipal que presidió Jorge Sharp como alcalde de Valparaíso, el jefe comunal propuso realizar una auditoría a la Municipalidad para conocer el estado real de la institución.

Eso fue por diciembre de 2016. Ya en julio de 2017, llegó el Informe Final de las pericias hechas por la Contraloría a través de su sede regional, específicamente la Unidad de Control Externo.

La investigación analizó los últimos dos años de gestión de la administración anterior, y en ella aparecen cuestionados varios contratos celebrados con empresas privadas, los que de una u otra manera atentan contra el patrimonio municipal y contra los principios de eficacia, eficiencia y economicidad en la administración pública.

Caso Total Transport

En una licitación efectuada en 2012, la empresa Total Transport se adjudicó los servicios de arriendo y mantención de vehículos municipales. El contrato fue firmado en diciembre de 2012 con vigencia de 10 años. Inicialmente se procuró el arriendo de 30 vehículos menores, 15 mayores y set de equipos complementarios, por lo cual se paga una suma única, con independencia de si se realizan o no mantenciones mensuales a los vehículos y maquinarias. El contrato ha sufrido un total de 14 modificaciones, elevando su precio mensual en un 238% pasando de 4.825 UF iniciales a 11.487 UF actuales. (1UF= $26.500 app.)

Así, entre 2013 y 2015 la Municipalidad pagó $2.238 millones, pero Contraloría detectó que entre febrero de 2015 y marzo de 2016, la municipalidad dejó de pagar contrayendo una deuda de $4.037 millones, donde $124 millones son por servicios no efectuados por la empresa.

Además, un análisis de mercado realizado por Contraloría en marzo de 2017, estimó que el costo promedio de comprar la flota de vehículos y maquinarias nuevos y usados que la Municipalidad arrienda, asciende a $4.053 millones, monto menor a los $6.276 millones que comprende la suma pagada y lo adeudado por tales servicios entre los años 2013  y 2016, y sin considerar que el vínculo es hasta el año 2022.

Total Transport y las bateas

El contrato inicial incluía 84 bateas, las que se rebajaron a 55 por contrato, pero realmente se dispusieron de 48 bateas (en 2014), 36 (en 2015) y 35 (en 2016). Ello llevó a que la Municipalidad pagara en exceso más de $40 millones. Es decir, con lo que se ha pagado en éstos 4 de los 10 años del contrato se podrían haber adquirido 208 bateas de propiedad municipal.

Por si fuera poco, el pago incluye mantenciones y reparación a las bateas mensualmente, pero la empresa solo ha efectuado en promedio reparaciones a 2 bateas por mes.

El pasado 5 de diciembre, un día antes de la asunción del alcalde Jorge Sharp y mediante un decreto, la Municipalidad se comprometió a pagar en 84 cuotas de 2.246,45 UF el monto adeudado de $4.945.697.510 (casi 5 mil millones). Sin embargo, Contraloría precisó que el cálculo consideró 55 bateas, en condiciones que realmente eran 36 en 2015 y 35 en 2016, generando una sobre estimación de la deuda a $148.770.857, entre otras irregularidades.

Los seguros de Penta

El órgano contralor informó también sobre los seguros que contrajo la municipalidad para mantener sus bienes en Secretaría Municipal, donde por lo que se debía pagar $319.603 se pagó en realidad más de $14 millones debido a que se consideró el avalúo fiscal de todas las edificaciones de la cuadra de Pedro Montt, y no el paño que correspondía.

Por otro lado, se incluyeron en el seguro que paga la Municipalidad a Penta, 14 camiones de empresas privadas pertenecientes a Fullmaq, Total Transport y Gestión Integral de Residuos, aumentando el gasto injustificado para las arcas municipales.

El negocio del aparcadero

Eagle Care es la empresa que se adjudicó la licitación para el servicio del corral municipal y que comenzó a operar en enero de 2015. Y Contraloría también encontró irregularidades en el cumplimiento del contrato, ya que señala que la empresa Eagle Care Limitada debía realizar un pago mensual al municipio correspondiente al 30% de los ingresos brutos que recibiera el aparcadero, cláusula que nunca fue cumplida, pues la empresa sólo reportó el 30% de los ingresos netos, generando con ello, un perjuicio para las arcas municipales que ascendería 53 millones de pesos.

Además, la empresa dejó de pagar a la Municipalidad en marzo de 2016, razón por la que en julio de 2017, la administración encabezada por Jorge Sharp decidió poner fin al vínculo con la empresa y hacerse cargo desde el municipio del servicio de aparcadero.

Finalmente, la Contraloría encontró una serie de irregularidades en procesos administrativos, de control, de licitación, de entrega de licencias de conducir y licencias médicas, además de trabajadores con doble sueldo en la Municipalidad de la Corporación.

Una vez conocido el informe, el alcalde Jorge Sharp fue enfático en señalar que “corrobora de manera completa y clara que ocurrieron irregularidades graves y reiteradas en la Municipalidad de Valparaíso bajo el periodo del alcalde anterior… tengo la convicción de que los funcionarios municipales son gente honesta que quiere hacer las cosas de la mejor manera posible, pero se han visto imposibilitados por años de desarrollarse profesional o técnicamente. Aquellos que han cometido actos de corrupción no son funcionarios municipales, es gente que ha venido o ha estado a la Municipalidad a enlodar el trabajo de los funcionarios, quienes prestan día a día el servicio a la comunidad.

Escritor por Valparaisociudadano.cl

Equipo de Redaccion

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