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El Vocero de EPV

El Vocero de EPV

Por Jorge Bustos

El Fiscal Nacional ha declarado  que cuando se hacen cosas que no se apegan a las leyes, éstas constituyen delitos  y  que, por lo tanto quienes los cometen son delincuentes;  por otra parte el Contralor General ha  calificado como una forma de corrupción cuando los funcionarios públicos hacen mal su trabajo. Ambas declaraciones debiesen movilizar a los actores sociales para asumir su rol social  y recurrir a los organismos del Estado cada vez que surjan dudas sobre informaciones que comprometen  los intereses de los  ciudadanos.

Un ejemplo de esto es  la información que la prensa dio a conocer  el pasado miércoles 20 de diciembre  relacionado con un acuerdo entre la Municipalidad de Viña del Mar y una empresa llamada Besalco la cual construyó los estacionamientos bajo Plaza Sucre.  Según el área jurídica dicho acuerdo “ahorrará una suma indeterminada de dinero, por un fallo condenatorio”.  ¿Fallo condenatorio?  , ¿Por qué?

Lo que la prensa informó es que la empresa Besalco se adjudicó la construcción de los estacionamientos en licitación pública, sin embargo no explica  por qué demandó al municipio, ni  quiénes   participaron en esa licitación municipal.  En ese contexto y recogiendo las declaraciones  del Fiscal Nacional y del Contralor General ,quien debiese pagar esas millonadas de privilegios que hoy la alcaldesa entrega a la empresa que incluyen extensión en los plazos iniciales de la concesión y  otros “beneficiosos amarres” , no es el municipio como entidad jurídica, sino los funcionarios que siendo “públicos” hicieron mal su trabajo.

Uno de esos funcionarios públicos  es Osvaldo Urrutia, hoy diputado reelecto, quien, dicho sea de paso, nunca ha sido querido por sus camaradas de partido; de hecho  el ex intendente y ahora también diputado Celis, se quejó en esta elección porque, a su juicio,  Urrutia parecía “dueño de la municipalidad viñamarina”. Aunque a la luz de los últimas modificaciones del contrato, este hijo mimado de la tía Cotí, no ha sido un “aporte” a la gestión del municipio sino por el contrario, ha contribuido en ampliar abusivamente los beneficios de Besalco, condenando a la Municipalidad a plazos y alcances que la dejan en un “callejón sin salida” y cuyas consecuencias las deberán pagar los ciudadanos, los mismos que lo apoyaron en las urnas.

Pero ¿qué tiene que ver el hijo mimado de la municipalidad” con la ampliación de beneficios  que la Municipalidad otorgara a la empresa? La respuesta se relaciona con los 10 años  en los cuales  Urrutia  trabajó en la Secretaria  Comunal de Planificación de Viña del Mar (Secpla) , período  en el cual  fue pieza clave no solo de la licitación de los estacionamientos, sino  también de la  construcción del Estadio Sausalito,  Pero ¿ cuál es la madre del cordero? el punto relevante es que el mentado funcionario público habría sido parte responsable de algunos compromisos que asumió el municipio  incluidos  en la propuesta original que no se cumplieron y que dieron origen al juicio entre la empresa y el municipio. Uno de estos incumplimientos  tiene que ver con que Urrutia habría ofrecido  al licitante  parte de terrenos de Merval,  los  que posteriormente  no fueron cedidos.

El nivel de “condoros”, obviamente involuntarios, del diputado podría ampliarse, pues  tiene a su haber otra demanda de la misma empresa  por el Estadio Sausalito, proceso por el cual ha tenido que declarar. Eventualmente esto  podría significar al municipio viñamarino otra merma importante en sus  arcas, pues se estima que  estaría siendo condenado a pagar varios miles de millones por negligencia reiterada.

Para nutrir el currículum del diputado es importante  recordar que se ha dado a conocer en Valparaíso por ser el vocero de la empresa portuaria (EPV)  en este gobierno;  cosa curiosa siendo UDI.  Ha sido férreo defensor de  OHL y  de la construcción del Mall de Barón.  También ha tomado renombre su figura  por ser declarado persona non grata por los trabajadores portuarios asociados a Cotraporchi.  En resumen, su nutrido currículum deja en evidencia que su gestión está claramente focalizada en lograr beneficios para las empresas y no servir al bien común.

Como recomendación final y retomando las declaraciones del Fiscal Nacional y del Contralor General, yo le sugeriría al funcionario público Urrutia, que asuma la responsabilidad  de su mala y negligente gestión, la que no solo  le costará al municipio una millonada, sino que lo que es aún peor, impactará en los bolsillos de todos los ciudadanos que Urrutia dice defender.

Equipo de Redaccion

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